Prioridad para la protección de los menores en un contexto familiar violento
La sentencia resuelve el caso de una familia separada desde 2015, momento en que se estableció un sistema de guarda y custodia exclusiva materna, con un régimen de comunicación y estancias entre los menores y su padre. También se atribuyó el uso del domicilio que había sido familiar (propiedad exclusiva del padre) a los menores y a su madre, y se fijó una pensión de alimentos a cargo del padre.
Ya en 2020 el padre interpuso una demanda de modificación de medidas solicitando la guarda y custodia compartida entre ambos progenitores, así como que no se fijara la pensión de alimentos a cargo de ninguno de los progenitores y que los gastos extraordinarios fueran satisfechos por mitad. También solicitó dejar sin efecto la atribución del uso del domicilio que había sido familiar, dado que en dicha vivienda convivía también la nueva pareja de la madre y dos nuevos hijos de la pareja.
Ese mismo año el padre presentó una solicitud de adopción de medidas urgentes alegando que el 8 de septiembre de 2020 la Guardia Civil había tenido que acudir a la vivienda por denuncias de los vecinos, lo que dio lugar a la iniciación de actuaciones por presunta violencia de género contra la nueva pareja de la madre. Añadió que la foto pública de WhatsApp de la nueva pareja mostraba una fotografía suya con una pistola en una mano y un revólver en la otra, y que en la red social Instagram mostraba fotografías de dos machetes de gran tamaño, dos catanas y una escopeta o arma similar.
El padre entendió que era necesario proteger a sus hijos del carácter violento de la nueva pareja de su exmujer y solicitó la suspensión de la guardia y custodia materna y la modificación del régimen de visitas para que estas se desarrollaran en el domicilio de los abuelos maternos y sin la presencia del hombre.
Sin embargo, esta petición no fue atendida: de un lado, el Ministerio Fiscal solicitó inadmitir la solicitud por falta de argumentos suficientes y, de otro, finalmente se inadmitió la petición argumentando que las actuaciones penales contra la nueva pareja de la madre habían sido archivadas por auto de sobreseimiento, sin que se conociera el motivo de ese sobreseimiento. No se sabe, en definitiva, si el archivo de esta causa estuvo relacionado con la eventual decisión de la mujer de no declarar en contra de su pareja o de no formular denuncia. Sí fue posible constatar que la nueva pareja de la madre no contaba con licencia de armas, así como su presunta implicación en delitos de robo en viviendas que dieron lugar a un registro del domicilio familiar en 2020.
En la vista del juicio, el padre modificó la petición inicial de la demanda y solicitó que se le atribuyera en exclusiva la guarda y custodia de los dos menores, con un régimen de visitas, comunicación y estancias con la madre que se desarrollaría en el domicilio de las hermanas de esta; así como dejar sin efecto la atribución a la madre del uso del domicilio que había sido familiar, y que se acordara en su lugar su atribución al progenitor custodio, que ostenta además la titularidad exclusiva de dicho inmueble. Esta modificación de las medidas solicitadas inicialmente estuvo motivada por el carácter violento de la pareja de su exmujer y por la situación de malos tratos que sufría, según el relato que había hecho llegar al demandante la propia familia de ella.
Sentencias contradictorias
La sentencia de primera instancia estimó la demanda y atribuyó la guarda y custodia de los dos menores en exclusiva al demandante, estableciendo un régimen de visitas de los niños con la madre, a desarrollar fuera del domicilio familiar y con pernocta únicamente cuando tuvieran lugar en el domicilio de la abuela o de las tías maternas. Acordó también la extinción de la atribución del uso del domicilio que fuera familiar, en atención al cambio de guardia y custodia y también por considerar probada la convivencia con la nueva pareja de la madre y sus nuevos hijos.
Para llegar a esta decisión la sentencia se basó en hechos nuevos que resultan clave, como es la condena de la nueva pareja de la madre mediante sentencia firme por un delito de lesiones en el ámbito de violencia de género en 2022, en la que se estableció la pena de prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima durante un año. También se consideró probado que la agresión había sido cometida en el domicilio familiar en presencia de los cuatro hijos y que en esa misma fecha se había dictado un auto suspendiendo el régimen de visitas del condenado con respecto a sus dos hijos biológicos por riesgo para la integridad física y moral de los menores ante la evidencia de una situación de violencia de género en el ámbito familiar. Además, existia una segunda condena de prisión por un delito continuado de quebrantamiento de la medida de alejamiento.
Por su parte, la Audiencia Provincial de Murcia estimó el recurso presentado por la madre, devolviéndole la custodia, argumentando que no se había acreditado que la convivencia entre la madre y el maltratador siguiera existiendo. Esta sentencia también se basó en un informe psicosocial emitido el 20 de octubre de 2021 que recomendó que no se produjera ningún cambio, pues aunque ambos progenitores presentaban unas condiciones similares para el cuidado de los niños, con adecuadas habilidades parentales, apoyo familiar y social, el horario del padre dificultaba el correcto desarrollo de la guarda de los niños, y en las entrevistas personales mantenidas con los menores ambos manifestaron que no querían que hubiera cambios.
La respuesta del Supremo:
La Sala subraya la falta de consideración por parte de la Audiencia Provincia de Murcia de la trascendencia de las condenas penales en la nueva pareja de la madre y prioriza la protección de los menores en el contexto familiar violento. Además, censura una lectura parcial e inexacta del informe psicosocial en el que se basa para devolver la custodia a la madre: en dicho texto, entre otras cosas, se explicitaba que en el hogar había «peleas, conflictos y denuncias, consumo de sustancias y tenencia de armas, con lo cual refiere que sus hijos no están bien atendidos».
Destaca también que la Audiencia Provincial dio por hecho que el condenado «no residía ya en la vivienda solo por el hecho de que una sentencia penal había establecido una orden de alejamiento de un año de duración, sin tener en cuenta que dicha medida (…) había sido ya quebrantada de forma continuada» (en principio, sin oposición de ella) desde aproximadamente un mes de entrar en vigor. Además, el Supremo pone en valor el relato de la hermana y la madre de la mujer, que muestran con toda claridad que ésta vive desde el inicio de la relación en una situación de maltrato que no sabe reconocer por encontrarse cegada ante esta realidad.
Por todo ello, el Supremo asume que la mujer «tiene esa condición de víctima que le hace merecedora de toda la protección institucional y familiar que sea necesaria», pero recuerda que «esa necesidad, que en absoluto negamos, no puede abordarse en detrimento ni a costa de la imperativa protección del interés superior de sus hijos».
En estos casos, la protección del interés superior del menor es un bien constitucional suficientemente relevante como para motivar la adopción de medidas legales que restrinjan derechos y principios constitucionales de otras personas, incluidos los progenitores. «En el juicio de ponderación entre el interés de la madre y la protección de los niños, debemos decantarnos necesariamente por la protección de los menores, cuyo interés superior opera como contrapeso de los derechos de la progenitora, más aún cuando es un deber legal imperativo prevenir y proteger a sus hijos contra cualquier modalidad de la violencia».
«Debemos proteger, por encima de todo, a dos menores que están en formación y en pleno proceso de desarrollo de su personalidad y que, además, no pueden defenderse por sí mismos ante el impacto emocional que sufren y que, como antes apuntábamos, provoca una de indiscutible carga negativa constitutiva de un factor de riesgo para el equilibrio de su salud mental», argumenta el Supremo.
Además, la Sala recuerda que está acreditado que el padre de los niños dispone de las habilidades parentales y del apoyo social y familiar necesarios para ejercer la guarda y custodia de sus hijos. Tiene también «una buena relación, de cariño y confianza, con sus hijos», y en cuanto al «problema de los turnos de trabajo que mencionó el informe psicosocial, ya no existe y la abuela paterna puede prestar todo el apoyo que sea preciso en el desarrollo de las labores de guarda y custodia.»
La sentencia también censura que la Audiencia Provincial no cumplió el canon reforzado de motivación que reclama la protección del interés superior de los menores en contextos de violencia familiar, y que es igualmente exigible cuando quien genera ese contexto no es uno de los progenitores, sino la nueva pareja de uno de ellos, afectando a los niños porque forman parte del núcleo de convivencia en el que esa violencia se ejerce.
Por último, pone de manifiesto que está acreditado que el progenitor recurrente dispone de las habilidades parentales y del apoyo social y familiar necesarios para ejercer la guarda y custodia de sus hijos, con los que tiene una buena relación, de cariño y confianza.
