«Los fraudes bancarios mediante phishing —mensajes falsos que suplantan la identidad del banco o de una empresa para robar credenciales— se han multiplicado en los últimos años. Aunque los sistemas de seguridad son cada vez más sofisticados, también lo son las técnicas de los estafadores. ¿Qué puede hacer el consumidor cuando descubre que le han vaciado la cuenta? ¿Tiene derecho a recuperar su dinero? ¿Y qué pasos legales debe seguir?»
Así comienza el artículo que nuestro abogado Manuel Domingo Villalonga publica hoy en la prestigiosa web legal ‘Law&Trends’, en el que trata de responder a la duda, cada vez más frecuente, de cómo actuar desde el punto de vista legal, en caso de sufrir un ataque de phishing. Desde los tiempos hasta los costes, pasando por las posibilidades de éxito y lo que dicen los jueces al respecto, en este texto compartimos y divulgamos todas las claves que debes conocer para afrontar el reto de recuperar tu dinero en caso de que hayas perdido dinero por haber respondido a un SMS o email fraudulento.
A continuación compartimos un extracto de este artículo: te invitamos a leer su contenido completo en Law&Trends y, desde este espacio, agradecemos a su equipo a haber contado con nuestra opinión para arrojar luz sobre este importante asunto legal.
«En la mayoría de los casos, los tribunales están fallando a favor de los consumidores, ordenando a los bancos la devolución íntegra del dinero. El proceso puede iniciarse por vía extrajudicial —ante la entidad o el Banco de España— o directamente por vía judicial si no hay acuerdo.
Estos son los plazos orientativos:
- Reclamación interna: 1 mes.
- Respuesta del Banco de España: 3 a 6 meses.
- Procedimiento judicial: entre 6 y 12 meses, según la carga de trabajo del juzgado.
En cuanto a los costes, los honorarios del abogado y del perito informático varían en función del caso, pero suelen estar claramente delimitados desde el inicio. En muchos supuestos, si el cliente gana, el banco es condenado también al pago de costas judiciales, de modo que el afectado recupera la totalidad de lo perdido.
Además de la doctrina del Tribunal Supremo, numerosas audiencias provinciales —especialmente en Cataluña— han reforzado la protección al consumidor. Por ejemplo, varias resoluciones de la Audiencia Provincial de Barcelona han subrayado que el mero hecho de que el cliente facilite sus datos por error no implica negligencia grave si el mensaje o la web fraudulenta reproducía fielmente la apariencia del banco.
Esta tendencia judicial muestra un cambio claro: los tribunales reconocen que los mecanismos de seguridad deben ser proporcionados al riesgo tecnológico, y que el consumidor no puede asumir las consecuencias de un fallo en esos sistemas.»
