Movilidad sostenible: una oportunidad (y una nueva obligación) para las empresas
La nueva Ley de Movilidad Sostenible promete poner en marcha nuevas estrategias y proyectos de desarrollo que pondrán el foco necesariamente en un sistema de transporte multimodal, seguro, sostenible, accesible, inclusivo y digitalizado, a un coste razonable para el usuario y el conjunto de la sociedad, así como adaptado al entorno y a las necesidades de movilidad de cada momento.
Pero la norma no solo pone el foco en el transporte de personas: tambien se contempla la necesidad de facilitar la existencia de un sistema de transportes multimodal de mercancías y logística eficiente, sostenible y resiliente. Y es que el impacto del transporte de mercancías en el medio ambiente es importante y, por tanto, cualquier estrategia en este ámbito debe partir de estos principios inspiradores.
En este sentido, otro de los puntos clave de la ley consiste en instar a «impulsar la progresiva descarbonización del transporte y la movilidad que permita contribuir a alcanzar la neutralidad climática del transporte en 2050.»
En definitiva, empresas, administraciones y operadores de transporte deberán alinearse para alcanzar objetivos que giran en torno a la sostenibilidad, la eficiencia, la inclusividad y la accesibilidad.
Planes de movilidad sostenible al trabajo para empresas y sector público
No cabe duda de que, en este contexto, ofrecer soluciones de movilidad sostenible en el marco de la empresa se convertirá en un factor clave para mejorar su imagen de marca y atraer contratos públicos y capital inversor.
De hecho, la ley interpela directamente a determinados sectores, incluyendo a las empresas públicas y a las privadas de determinado tamaño, apelando a su impacto y a su responsabilidad en este área. Entre otras cosas, la ley obliga tanto a empresas como a entidades del sector público a disponer de planes de movilidad sostenible al trabajo para aquellos centros de trabajo con más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno cuyo centro de trabajo habitual sea dicho centro de actividad, y marca un plazo de 24 meses para cumplir con esta nueva obligación.
La elaboración de un plan de movilidad sostenible al trabajo se convierte así en una nueva obligación para las grandes empresas, pero también en una oportunidad para liderar el cambio y modernizar la gestión de recursos humanos, así como ahorrar costes y promover una gestión más eficiente y actual de este área.
También se contempla que los planes de movilidad sostenible al trabajo sean objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras.
En cuanto al contenido de los planes de movilidad sostenible al trabajo, éstos deberán incluir soluciones de movilidad sostenible que contemplen, por ejemplo, «el impulso de la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad de bajas emisiones, soluciones de movilidad tanto compartida como colaborativa, soluciones para facilitar el uso y recarga de vehículos cero emisiones» o «el teletrabajo en los casos en los que sea posible».
‘Requisitos verdes’ en la contratación pública y un Fondo Estatal para costes y proyectos de inversión
Ahondando en todo lo anterior, la Ley de Movilidad Sostenible ata en corto a las empresas de la forma más eficaz posible: instando a las administraciones públicas a imponer ‘requisitos verdes’ para acceder a licitaciones. Cumplir con determinados requisitos auditables en materia de gestión energética y ambiental se convierte así en una posible ventaja competitiva (o en todo lo contrario) para el sector privado a la hora de relacionarse con el sector público.
Entre otras cosas, «las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán la introducción de requisitos ambientales, energéticos, de seguridad vial y acústicos en la licitación de contratos de servicios o de concesión de servicios de transporte por carretera, ferroviario, aéreo y marítimo, así como en los tráficos, rutas o líneas que sean de utilidad pública o interés social», tal y como recoge el artículo 38 de la Ley.
Pero no todo son obligaciones: la norma también conlleva la creación del Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO-FCPJ) para costes operativos y proyectos de inversión urbanos e interurbanos. Sus destinatarios serán los municipios que cumplan con determinados requisitos, que podrán utilizar estos fondos para cubrir costes operativos directamente relacionados con la prestación del servicio, así como para sufragar proyectos de inversión. Se priorizarán, en cualquier caso, los proyectos con mejor retorno social, ambiental y económico.
La norma contempla otros muchos puntos de interés, siempre con enfoco en la movilidad sostenible. Si tienes dudas acerca de su contenido o necesitas asesoramiento legal en esta cualquier otra materia relacionada con la gestión empresarial, ponte en contacto con nuestro equipo de abogados en Barcelona y Girona.
