¿Pueden los jueces cobrar por impartir cursos y conferencias?

¿Pueden los jueces cobrar por impartir cursos y conferencias?

Muchas veces las noticias de día a día se convierten en detonante de la aparición de ciertas dudas jurídicas a las que resulta importante responder. Es el caso de Ausbanc y de la detención de su presidente, Luis Pineda, encarcelado hace pocas semanas tras ser acusado de extorsionar a bancos y particulares a cambio de no dañar su imagen o de evitar ir contra ellos judicialmente. Hace muy poco se ha hablado incluso de la posibilidad de que Banco Santander pagara a la asociación de defensa de los consumidores a cambio de retirarse como acusación en la causa de las cesiones de crédito, el escándalo que sentó en el banquillo a Emilio Botín y por el que el ya fallecido presidente de la entidad financiera estuvo a punto de ser condenado.

Más allá de estas prácticas, sin duda reprochables y de sencilla solución a nivel jurídico, estos días se ha planteado una nueva cuestión al hilo de este caso: ¿Es posible que los jueces impartan cursos para instituciones privadas -como es el caso de Ausbanc- y perciban dinero por ello? ¿Resulta compatible con el ejercicio imparcial de su profesión? Una noticia publicada por El País, en la que se acusa a Pineda de haber pagado a numerosos jueces por asistir a sus cursos y se recrimina indirectamente a estos últimos por colaborar en cierto modo con la asociación.

La información apela a cómo esta estrategia por parte de Ausbanc buscaba, en última instancia, estrechar vínculos y relaciones con jueces y magistrados en cuyos órganos podrían recaer pleitos que interponía en nombre de sus consumidores. Además de estos foros, Ausbanc cuenta con revistas y publicaciones en las que colaboran miembros de la judicatura. Los jueces que colaboran con Ausbanc pertenecen, según la misma información, al propio Tribunal Supremo, a la Audiencia Nacional y a varios tribunales superiores de Justicia y audiencias provinciales. Su labor es la de impartir charlas, conferencias y asistir al denominado Foro de la Justicia que organiza esta asociación desde 2010, según reconocen magistrados de estos órganos judiciales.

En cuanto a las cantidades que percibieron, oscilaban entre 800 y 1.500 euros en función de la importancia de cada seminario y el lugar de celebración. Otros jueces rechazaron cobrar y ofrecieron el número de cuenta corriente de una ONG para que se derivara el pago a una causa solidaria. Por su parte, un portavoz de Ausbanc negó a El País que se haya pagado por estas charlas a ningún juez.

¿Es ilegal cobrar por dar charlas?

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tardó en responder a la información recordando lo que marca la ley: la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces emitió durante la jornada de ayer un comunicado defendiendo la legalidad de la participación de algunos jueces y magistrados en los cursos organizados por Ausbanc, y la “incuestionable” integridad y profesionalidad de éstos, “así como el compromiso de la Administración de Justicia y el Estado de Derecho”.

La nota asegura también que la participación en cursos o conferencias -sean retribuidas o no- es una actividad totalmente compatible con el ejercicio del cargo de juez o magistrado. Así, el artículo 389.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) señala que el ejercicio de dichas funciones es incompatible “con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas”.

El CGPJ también apunta que el Reglamento de la carrera judicial establece que “el ejercicio de la docencia y la investigación jurídica por parte de los miembros de la Carrera Judicial constituye una manifestación de su competencia profesional y el reconocimiento de su experiencia y conocimientos” en su artículo 327.1.

De este modo, “los cursos, conferencias o jornadas a los que hace referencia la información -todos ellos actos públicos a los que tuvieron acceso los medios de comunicación- tenían por objeto el debate sobre cuestiones de Derecho, motivo por el cual a los mismos eran invitados no sólo jueces, sino otros muchos profesionales, como fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, notarios, registradores, catedráticos de Universidad, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o responsables de Administraciones Públicas relacionados con los asuntos que allí se discutían”.

El comunicado concluye argumentando que la presencia de miembros de la carrera judicial en estos foros, cursos o jornadas “contribuye a enriquecer el debate, fuera de las salas de vistas, sobre cuestiones que afectan a toda la sociedad”.

Exista o no sanción legal, el caso ha despertado dudas sobre las implicaciones éticas que significa colaborar con ciertas asociaciones. ¿Está condicionado el juez que ha recibido dinero de un ente privado como fruto de este tipo de charlas? ¿Puede solicitarse, por ejemplo, su recusación en un caso en que esté implicada uno de estos entes? De momento, todos los miembros del Poder Judicial se han ido desvinculando de Ausbanc y aseguran que, aunque han asistido a algunos de ellos en calidad de su cargo, siempre lo hicieron en inauguraciones o clausuras, y nunca cobraron por ello.



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