Whistleblowers: Justicia prepara una ley para proteger a los denunciantes de corrupción en la empresa

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Whistleblowers: Justicia prepara una ley para proteger a los denunciantes de corrupción en la empresa

Hace años que es obligatorio para cualquier empresa contar con un plan de compliance o cumplimiento normativo, o lo que es lo mismo, introducir unas buenas prácticas normativas que ayuden a reducir la posibilidad de la comisión de delitos en ellas, tanto por parte de sus empleados o directivos como de terceros relacionados. Por eso, una de las exigencias normativas en materia de compliance es contar con un canal de denuncia interno de malas prácticas, que se conoce comúnmente como whistleblowing. Europa ya obliga a ciertos tipos de empresas e instituciones públicas a contar con estos canales, y España prepara la normativa que adaptará en nuestro país esta exigencia comunitaria al Derecho nacional. Más allá de la obligatoriedad o no de contar con un canal de denuncia interno o un plan de cumplimiento normativo, la realidad es que contar con estas herramientas se ha convertido en una exigencia ética y ya son muchos lo empresarios que exigen este requisito a la hora de hacer negocios o alcanzar pactos, incluyendo a las Administraciones públicas. ¿Quiénes son los whistleblowers y cómo deben ser los canales de denuncia internos? ¿Cómo es la normativa que se prepara en España y a quién afecta?

Whistleblowing: ¿Qué es y en qué empresas es obligatorio?

El whistleblowing consiste precisamente en la creación de canales de denuncia internos en la empresa, de forma que se pueda trasladar cualquier comportamiento delictivo o de dudosa legalidad o ética a las personas encargadas de la toma de decisiones al respecto. El objetivo es mejorar las prácticas internas e impulsar una cultura corporativa ejemplar, además de evitar posibles responsabilidades penales de la empresa por los delitos o irregularidades cometidos en su ámbito de actuación. En otras palabras, si la empresa cuenta con canales de denuncia y un plan de cumplimiento normativo a medida (con implantación real), ésta podrá probar más fácilmente su buena praxis si llegara a comentarse algún delito de forma interna, evitando así su responsabilidad como persona jurídica.

En este sentido, el pasado 2019 se aprobó la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019,  relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. En ella se habla de la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, dando un plazo de dos años a los Estados miembros para adaptarse a su contenido. En este texto se obliga a las empresas de 50 o más trabajadores a incorporar canales de denuncia internos. También a las administraciones públicas, en cualquier caso, sean cuales sean sus dimensiones, incluidas las entidades que sean propiedad o estén sujetas al control de dichas entidades. Eso sí, la misma Directiva asegura que los Estados miembros podrán eximir de la obligación prevista en el apartado a los municipios de menos de 10.000 habitantes o con menos de 50 trabajadores.

El texto hace referencia a ciertos delitos que deben denunciarse a través de estos canales, en concreto, los relacionados con contratación pública; servicios, productos y mercados financieros, y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; seguridad de los productos y conformidad; seguridad del transporte; protección del medio ambiente; protección frente a las radiaciones y seguridad nuclear; seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de los animales; salud pública; o protección de los consumidores; protección de la privacidad y de los datos personales, y seguridad de las redes y los sistemas de información. También infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión, e infracciones relativas al mercado interior, incluidas las infracciones de las normas de la Unión en materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados, así como las infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos que infrinjan las normas del Impuesto sobre Sociedades o a prácticas cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable del impuesto sobre sociedades.

En todo este contexto, el whistleblower sería la persona que, dentro de la empresa o en su relación con ella, denuncia un hecho o comportamiento. El término viene del inglés whistle (silbato) y blow (soplar), en referencia a cuando los agentes de policía usan su silbato para alertar de la comisión de una infracción. Para estas personas, la Directiva crea mecanismos de protección que ahora se comienzan a trasladar al Derecho español. La fecha límite sería el 21 de diciembre de 2021.

En definitiva, esta norma de rango europeo, conocida como la directiva whistleblowers, persigue buscar nuevos canales eficientes contra la delincuencia y la corrupción. El legislativo europeo pretende proteger de manera especial a las personas que trabajan para una organización pública o privada o están en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales y que son, a menudo, las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público.

Whistleblowers: Justicia prepara una ley para proteger a los denunciantes

Sobre la norma que prepara España, el Ejecutivo recuerda que los denunciantes de esas infracciones del Derecho de la Unión perjudiciales para el interés público- llamados en inglés coloquial whistleblowers– desempeñan un papel clave a la hora de descubrir y prevenir esas infracciones y proteger el bienestar de la sociedad. Sin embargo, el temor a las represalias les lleva, a veces, a renunciar a informar sobre sus preocupaciones o sospechas. Es en este contexto en el que surge la necesidad de prestar una protección equilibrada y efectiva a estos denunciantes, tanto a escala de la propia Unión Europea como internacionalmente.

En este contexto, se ha creado un grupo de trabajo dentro de la Sección de Derecho Público de la Comisión General de Codificación que se está encargando de preparar la propuesta de texto articulado que pretenden elevar para su aprobación antes del 2 de diciembre, si bien la fecha tope para la transposición de la Directiva es el 17 de diciembre de 2021. De momento se ha celebrado la primera sesión constitutiva del grupo, donde se han sentado las bases y líneas directrices marcadas por el Ministerio de Justicia para que el grupo de trabajo pueda desempeñar adecuadamente su cometido.

Tal y como recuerdan desde la web Noticias Jurídicas, la Directiva es aplicable a los denunciantes que trabajen en el sector privado o público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral, incluyendo, como mínimo, a las personas que tengan la condición de trabajadores (incluidos los funcionarios), a las personas que tengan la condición de trabajadores no asalariados, a los accionistas y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa, incluidos los miembros no ejecutivos, así como los voluntarios y los trabajadores en prácticas que perciben o no una remuneración, y a cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores.

Será también de aplicación a aquellos denunciantes que comuniquen o revelen públicamente información sobre infracciones obtenida en el marco de una relación laboral ya finalizada y a los denunciantes cuya relación laboral todavía no haya comenzado, en los casos en que la información sobre infracciones haya sido obtenida durante el proceso de selección o de negociación precontractual. Además, las medidas de protección que establece son extensibles a los facilitadores, a los terceros que estén relacionados con el denunciante y que puedan sufrir represalias en un contexto laboral, como compañeros de trabajo o familiares del denunciante, y a las entidades jurídicas que sean propiedad del denunciante, para las que trabaje o con las que mantenga cualquier otro tipo de relación en un contexto laboral.

Medidas de protección

Por último, cabe recordar que la Directiva prohíbe las represalias frente al denunciante, incluidas las amenazas o tentativas, en particular en forma de:

a) suspensión, despido, destitución o medidas equivalentes
b) degradación o denegación de ascensos
c) cambio de puesto de trabajo, cambio de ubicación del lugar de trabajo, reducción salarial o cambio del horario de trabajo
d) denegación de formación
e) evaluación o referencias negativas con respecto a sus resultados laborales
f) imposición de cualquier medida disciplinaria, amonestación u otra sanción, incluidas las sanciones pecuniarias
g) coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo
h) discriminación, o trato desfavorable o injusto
i) no conversión de un contrato de trabajo temporal en uno indefinido, en caso de que el trabajador tuviera expectativas legítimas de que se le ofrecería un trabajo indefinido
j) no renovación o terminación anticipada de un contrato de trabajo temporal
k) daños, incluidos a su reputación, en especial en los medios sociales, o pérdidas económicas, incluidas la pérdida de negocio y de ingresos
l) inclusión en listas negras sobre la base de un acuerdo sectorial, informal o formal, que pueda implicar que en el futuro la persona no vaya a encontrar empleo en dicho sector
m) terminación anticipada o anulación de contratos de bienes o servicios
n) anulación de una licencia o permiso
o) referencias médicas o psiquiátricas

Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para proteger frente a represalias a los denunciantes, los cuales tendrán acceso a las medidas correctoras que se establezcan, según corresponda, incluidas las provisionales a la espera de la resolución del proceso judicial, de conformidad con el Derecho nacional.

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