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Planes LGTBI

Abogados especialistas en planes LGTBI en Cataluña

Desde el pasado 2 de marzo de 2024 es obligatorio para las empresas con más de 50 empleados contar con un protocolo LGTBI. Se trata de un protocolo específico para evitar la discriminación de los trabajadores integrados en este colectivo, que deberá ser negociado con la representación de los trabajadores.

Se trata de una de las medidas incluidas en la llamada ‘Ley Trans’, publicada el 1 de marzo de 2023, que dio a la empresa un margen de un año para adaptarse a esta nueva obligación. Incumplirla puede suponer importantes multas y sanciones, por lo que, si aún no lo has hecho, te recomendamos ponerte al día.

Claves del nuevo protocolo LGTBI para evitar la discriminación en la empresa

El protocolo debe incluir “un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI.

Las medidas serán pactadas a través de la negociación colectiva y acordadas con la representación legal de las personas trabajadoras. Tal y como ocurre con los planes de igualdad, esta negociación deberá llevarse a cabo con presencia de los sindicatos más representativos en caso de que la empresa no cuente con representación legal de los trabajadores, sin que baste una comisión de empleados creada a tal efecto.

La empresa también deberá revisar su plan de igualdad para incluir expresamente al colectivo LGTBI si aún no lo hace, con especial atención a las mujeres trans. Esto implica una nueva negociación con los trabajadores para incluir estas modificaciones.

Sanciones en caso de no contar con un plan LGTBI en tu empresa

La Ley desarrolla un cuerpo de sanciones en materia de igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, que se califican como leves, graves y muy graves.

Las multas pueden llegar hasta los 150.000 euros. Además, incumplir con estas obligaciones cierra la puerta al acceso a licitaciones públicas, así como a ayudas y subvenciones públicas.

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