El Constitucional admite a trámite el recurso contra el Decreto Ley que limita el precio del alquiler en Cataluña

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El Constitucional admite a trámite el recurso contra el Decreto Ley que limita el precio del alquiler en Cataluña

Hace pocas semanas comentábamos en nuestro blog nuestra opinión sobre el Decreto Ley que limita el precio del alquiler en Cataluña (opinión que compartimos en elEconomista) y pusimos en duda la constitucionalidad de esta medida. Ahora, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado contra esta norma, que fue aprobada en septiembre de 2020 por la Generalitat. En concreto, el Alto Tribunal ha acordado dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno, al Parlamento de Cataluña y al Gobierno de la Generalitat para que puedan personarse en el proceso y formulen, en el plazo de 15 días, las alegaciones que consideren oportunas. ¿Qué consecuencias tiene esta medida? ¿Qué implica la admisión a trámite del recurso ante el Constitucional?

Admitido a trámite el recurso contra el Decreto Ley que limita el precio del alquiler en Cataluña

Según recogen los medios, el principal motivo para que se haya admitido el recurso (planteado por el Partido Popular), según fuentes del antiguo tribunal de garantías, es que el Constitucional entiende que medidas de tal envergadura como son la limitación “del derecho a la propiedad” deben tener rango de ley, y no de decreto. Así, el Tribunal consideraría que una normativa de estas características, en la que se ven involucrados varios derechos fundamentales como el de la propiedad privada, debe estar respaldada por una norma de rango mayor. A su vez, sugiere que la facultad de los gobiernos para sacar adelante diferentes decretos ley en situaciones de urgencia o necesidad “no puede afectar” a largo plazo a otros derechos, deberes y libertades de la ciudadanía, “en conformidad con lo dispuesto en las leyes”.

El TC, de esta forma, podría inclinarse hacia el criterio según el cual (y en la línea de lo apuntado por el Consell de Garanties Estatutàries en verano de 2020), en el marco legislativo actual los propietarios tienen autonomía para fijar las rentas en el mercado libre y que las administraciones regionales o municipales no tienen competencias para imponer índices de precios que sean vinculantes. En principio, el Constitucional no entraría a valorar la inconstitucionalidad o no de establecer mecanismos para el control de las rentas, sino que se limitaría a dejar constancia de que, en el actual marco legislativo, estos límites no tienen solidez jurídica y necesitan de un marco legislativo superior para poder operar.

Hay que recordar que esta noticia llega en plenas negociaciones internas del Gobierno de coalición para sacar adelante la Ley estatal de vivienda, en la que previsiblemente se incluirán medidas que permitan a las Administraciones limitar las rentas en las zonas más tensionadas. El criterio, a priori, se fijará a partir Sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler, presentado en verano por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

¿Qué consecuencias tendría una decisión del Constitucional desfavorable al Decreto Ley que limita el alquiler?

Tal y como ya comentó en su día nuestro abogado Carlos Valls Vigil, este nuevo Decreto Ley se ha introducido en el mercado como una bomba de inseguridad jurídica en los contratos de alquiler. El Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, de manera unánime, ha manifestado que la Generalitat no tiene competencia para regular los precios de los contratos de alquiler, al ser competencia del Estado. Así, según el Dictamen del Consejo de Garantías del pasado mes de agosto, es el Estado quien tiene la competencia sobre las bases de las obligaciones contractuales, según el artículo 149.1.8 de la Constitución Española.

Por lo tanto, este Decreto puede ser suspendido pasado un tiempo por asumir competencias que no le corresponden. Aunque es complicado vislumbrar las consecuencias de una posible decisión del Constitucional contra el Decreto Ley, cabe plantearnos un escenario de reclamaciones patrimoniales de los arrendadores a la Generalitat por el perjuicio económico ocasionado por la aprobación incorrecta de este Decreto Ley. Todo ello sin olvidar la inseguridad jurídica que crea este tipo de medidas, lo que daña considerablemente la confianza de los inversores nacionales y extranjeros en nuestro país.

No hay que olvidar además que la nueva normativa genera también un coste jurídico a los arrendadores, que deben ser asesorados por expertos jurídicos para gestionar cómo reducir temporalmente esta renta de alquiler y luego estudiar la viabilidad para la posible reclamación patrimonial a la Generalitat. Un coste del que difícilmente puede prescindirse: contar con ayuda legal en supuestos de este tipo puede suponer un ahorro a largo plazo, asegurándose una mayor tasa de éxito en la negociación y en la posible reclamación posterior.



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