Artículo de opinión de nuestro abogado Carlos Valls en elEconomista sobre el Decreto Ley de precio del alquiler locales en Cataluña

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Artículo de opinión de nuestro abogado Carlos Valls en elEconomista sobre el Decreto Ley de precio del alquiler locales en Cataluña

Hoy compartimos con nuestros lectores un artículo de opinión firmado por nuestro abogado Carlos Valls en elEconomista, en el que se analiza paso a paso el Decreto Ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados, aprobado hace pocas semanas por la Generalitat. Se trata de un texto que afecta a los arrendatarios de locales comerciales cerrados o con el uso limitado por las medidas contra la COVID-19, marcando el curso de la renegociación del precio de los alquileres con su arrendador. Además, aprovechamos para compartir la noticia que elEconomista publicó sobre este asunto, en la que este medio contó con la valoración de Carlos.

“Con este Decreto, la Generalitat interviene en el mercado del alquiler en Catalunya para tratar de ayudar a los establecimientos a lidiar con las consecuencias económicas de las restricciones parciales o totales al ejercicio de su actividad, que entraron en vigor la madrugada del pasado viernes día 16 de octubre de 2020, contemplando rebajas de hasta el 50 por ciento cuando el acuerdo entre las partes sea imposible, siendo ésta la medida más polémica del texto.

Este nuevo Decreto Ley se ha introducido en el mercado como una bomba de inseguridad jurídica en los contratos de alquiler. De hecho, su legalidad está muy cuestionada. De un lado, el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, de manera unánime, ha manifestado que la Generalitat no tiene competencia para regular los precios de los contratos de alquiler, al ser competencia del Estado”.

Tal y como recuerda Carlos, “partimos de un Decreto, que a priori, puede ser suspendido pasado un tiempo por asumir competencias que no le corresponde”. En consecuencia, se abre un nuevo punto de inseguridad jurídica, porque este Decreto podrá ser derogado por el Tribunal Constitucional.

En nuestra opinión, la inseguridad jurídica que crea este tipo de medidas daña considerablemente la confianza que tiene los inversores nacionales y extranjeros en nuestro país, que ven peligrar sus inversiones mediante decretos improvisados y sin un estudio jurídico previo a su redacción.

Desde este espacio agradecemos una vez más a elEconomista que haya contado con nuestra opinión experta para arrojar luz sobre un Real Decreto de gran relevancia en un momento complejo como el actual. Nos ponemos a tu disposición para resolver tus dudas legales.



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