Una radiografía sobre despachos de abogados y fraude fiscal

Una radiografía sobre despachos de abogados y fraude fiscal

La aparición de los ‘Panama Papers’ ha despertado un gran revuelo entre la opinión pública y parte de éste toca muy de cerca al sector jurídico. Son varios los despachos cuyos nombres aparecen estos días en los medios de comunicación por su papel como facilitadores de muchos casos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Su modus operandi: crear y utilizar sociedades instrumentales domiciliadas en el extranjero, así como facilitar a los clientes otras sociedades constituidas en España con los fines instrumentales de ocultar la identidad real sobre determinadas rentas y patrimonios para obtener ventajas fiscales y evadir el pago de impuestos.

Precisamente uno de los despachos de abogados que ha ocupado titulares en la prensa nacional recientemente es Pretus, un bufete barcelonés que aparece en la filtración de Mossack Fonseca y que parece haber mantenido una estrecha relación con este último despacho. Su fundador, Gabriel Pretus, aparece como intermediario de 15 sociedades radicadas en Panamá, Bahamas e Islas Vírgenes Británicas, la mayoría de ellas aún activas. Precisamente hace ahora un año se publicó la sentencia que puso fin al proceso iniciado en 2005 contra varios socios del despacho en relación con varios delitos de fraude fiscal cometidos personalmente por sus miembros y por dos de sus principales clientes, accionistas de Burberry Spain, S.A.

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La sentencia, que se convirtió rápidamente en paradigma de las malas prácticas llevadas a cabo por algunos abogados en España, condena de conformidad por delitos contra la Hacienda Pública a tres socios miembros del bufete de abogados Pretus, así como a dos de sus principales clientes, accionistas de Burberry Spain. En el caso del expresidente de Burberry España, Eugenio Mora, éste optó, junto con su exesposa Carmen Uriach, por reconocer los hechos y pactar con la Fiscalía y Abogacía del Estado.

En el caso de Mora, éste asumió el pago de más de 31 millones de euros entre multas e indemnizaciones a Hacienda, con la condición de no ingresar en prisión. En el caso de su exesposa, a la que se hizo responsable de seis delitos fiscales, la condena fue de dos años de cárcel y el pago de nueve millones de euros. Sin embargo, en su caso no se sustituyó la prisión por una multa económica. En cuanto a los miembros del bufete Petrus, los condenados fueron Gabriel, Francisco y Diego Petrus, igualmente por delitos fiscales, así como por facilitar las maniobras de elusión fiscal a sus clientes.

¿Cómo han colaborado los abogados en casos de fraude fiscal?

La ingeniería fiscal que define la sentencia sobre Pretus y Burberry sirve como claro ejemplo de las prácticas llevadas a cabo por algunos abogados con el fin de lograr que sus clientes evadieran el pago de impuestos. Y es que, más allá de la simple planificación fiscal agresiva, algunas prácticas pueden considerarse ilícitas por traspasar el umbral de la simple elusión fiscal. La mecánica consiste en poseer sociedades radicadas en paraísos fiscales, territorios de baja tributación o países sin convenio para evitar la doble imposición con España (como Funchal, San José de Costa Rica o Panamá), facilitando las maniobras de elusión fiscal de los titulares de rentas y patrimonios.

También es habitual ofrecer a los clientes la constitución de esas sociedades, a través de una conexión de servicios con otras organizaciones o despachos situados fuera de España. De este modo se han creado entramados de constitución, administración y suministro de accionistas nomenees o accionistas fiduiciarios, es decir, personas o entidades que figuran como tenedoras de los títulos o acciones de una sociedad offshore en lugar de su propietario real, lo que permite a éste permanecer en el anonimato.

Así, el fraude a Hacienda se basa en colocar el patrimonio de los clientes en sociedades, residentes o no, participadas por otras, y éstas a su vez por otras, constituidas en jurisdicciones diversas, y así sucesivamente, de manera que al final de la cadena se colocan sociedades que el cliente controla de manera opaca. Esto es así bien porque su capital está representado por acciones al portador, o bien porque éstas son nominativas pero endosadas en blanco por los accionistas nominees suscriptores o bien mediante declaraciones de fiducia de los tenedores formales a favor de los reales propietarios.

Estas estructuras societarias son diseñadas de manera que las rentas que puedan producir los patrimonios que detentan no tributen ni en España ni en los territorios en los que se residencian las entidades. Además, se crean sociedades instrumentales domiciliadas en España con idénticos fines: ocultar su titularidad real, simulando el traslado de la residencia de algunos clientes a otras jurisdicciones fiscales. Con ello se pretende que, en el caso de que llegue a descubrirse quién es el propietario real de los bienes cuya titularidad se esconde detrás de la estructura fiduciaria, la Administración Tributaria tenga que probar la tributación en España por obligación personal, es decir, por la totalidad de su renta, con independencia del territorio en el que se hubiera generado.

Esta simulación de domicilio conlleva acciones como la adquisición o arrendamiento de una vivienda en el extranjero, simular mudanzas, aparentar alquileres a terceros de la que era su vivienda habitual en España, alquilar apartados de correos a los que se dirigir la correspondencia, usar tarjetas de crédito a cargar en cuentas abiertas en el extranjero, etc.



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